En los últimos días, asistimos al debate oficioso del Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (enlace al TEXTO LEGAL), conocida coloquialmente como “ley trans”. Y digo “debate oficioso” porque parece que no hay intención de someterla a un auténtico debate, ni dentro ni fuera del Parlamento. Pretenden sacarla adelante por la vía de urgencia y hurtando a la opinión pública la posibilidad de desmenuzar con calma los entresijos de los capítulos que componen el citado texto, que no son precisamente baladíes.
Algunas personas pueden caer en la trampa de creer que esta ley solo enfrenta a las feministas “viejas” (o clásicas, por decirlo más finamente) con el colectivo trans e, incluso, pueden llegar a disfrutar pensando en que unas y otros acabarán tirándose de los pelos y todo resultará en un espectáculo bastante divertido de contemplar.
Nada más lejos de la realidad. Esta ley nos atañe a todos, y mucho, y no deberíamos despreocuparnos respecto de su aprobación, puesto que en un futuro no muy lejano podría generar más problemas en nuestra sociedad y en nuestras vidas de los que a priori pueda parecer: la relación con nuestra pareja, con nuestros hijos e, incluso, la libre elección de inquilino para una vivienda de nuestra propiedad pueden verse afectadas.
Ya hemos sabido de un supuesto caso en el que una mujer ha quedado desprotegida frente a su agresor al haber modificado este su sexo en el Registro Civil y constar oficialmente como mujer. Irene Montero y varias juristas consultadas por el diario El País aseguraron enseguida que eso era imposible, que se trataría simple y llanamente de un bulo. Puede que sea como ellas afirman, ¡ojalá!; pero me vienen ahora mismo a la cabeza las declaraciones del juez decano de Cáceres, Rafael Estévez, que afirma que legalmente “se puede desalojar a un okupa de forma inmediata en cualquier momento” (enlace a la noticia), cuando todos sabemos de sobra –aunque sigamos sin entender el porqué– que, en demasiadas ocasiones, los dueños de una vivienda ocupada se las ven y se las desean para recuperar la propiedad efectiva de su casa. Y eso no es ningún bulo de la derecha, como intentó hacernos creer Irene Montero hace unas semanas desde los pasillos del Congreso, sino una sangrante realidad.
En cuanto al tema de alquileres, parece que el propietario cada vez ve más restringida su capacidad de maniobra. Por un lado, corre el riesgo de la ocupación de su propiedad, con los dolores de cabeza que ello trae consigo, tal como hemos comentado más arriba. Y por otro, según esta ley, podría incurrir en una infracción administrativa muy grave (con multas que van de los 10.000 a los 150.000 euros) si se niega a alquilar la vivienda a alguien del colectivo LGTBI.
Pero lo verdaderamente escandaloso de esta ley es que elimine a los médicos y especialistas de la ecuación, y que se pueda retirar la patria potestad a los padres que no estén muy conformes con los deseos manifestados por sus hijos. Es decir que, sin que medie opinión especializada alguna, si un menor decide unilateralmente que quiere cambiarse de sexo, los padres solo pueden dar su aprobación y acompañarle en el proceso o atenerse a las consecuencias legales. Esto está muy en la línea de lo manifestado hace varias semanas por una embarazadísima Ione Belarra en el Congreso: “Los niños no son de nadie”, aseveró. Y se quedó tan a gusto. No son de nadie (¿el que usted acaba de parir tampoco, señora Belarra?), pero cuando vienen los problemas son los padres los que se comen el marronazo y los que se mueren del dolor al ver sufrir a sus hijos, mientras estos que tanto dicen proteger a los más vulnerables se ponen de perfil, no asumen ninguna responsabilidad y aquí no ha pasado nada. ¿En serio vamos a consentir esto? ¿Y si el menor yerra en su autodiagnóstico, y jode su cuerpo y su futuro de por vida? ¿Tienen que ejercer los padres de meros asistentes, sin voz ni voto, en semejante despropósito? Máxime cuando los especialistas ya han alertado de que este fenómeno va en aumento, porque se ha puesto de moda y porque algunos menores con conflictos en otras áreas de su vida creen erróneamente que la solución a los mismos podría estar en el cambio de sexo. Impedir que los padres puedan evitar que sus hijos aumenten el número de sus problemas en vez de reducirlo es, a todas luces, un disparate.
Por último, y no por ello menos preocupante, está el hecho de que en cuanto salga adelante esta ley, podrá considerarse un delito de transfobia criticarla abiertamente y será penado con multas cuantiosas. Lo que viene siendo censura pura y dura y eliminación del derecho de libertad de expresión.
Dicho todo esto –aunque podría seguir enumerando implicaciones negativas de esta ley–, está claro que no se trata de un conflicto entre la vieja guardia del feminismo y el mundo trans, sino de una cuestión que nos atañe a todos como ciudadanos y de la que no deberíamos desentendernos, porque quizá el día que suframos sus consecuencias ya sea demasiado tarde.
De acuerdo, Carol. Legislar a la carta y creando confusión es muy peligroso. Es este caso hay intereses de la loca Montero que se me escapan. Lo que escribes es cierto, pero ante semejante barbarie, propia de tiempos muy oscuros, no puedo dejar de pensar en una decadencia carente de cualquier valor o principio ético. Grecia y Roma: dos civilizaciones hundidas entre otras cosas por la pedofilia y la pederastia que son dos cánceres que destruyen el germen de la sociedad.
ResponderEliminarSuscribo.
EliminarEstoy de acuerdo contigo, Carol. Esta gentuza legisla sin ningún tipo de control y sin pensar (a saber) el los “efectos secundarios de la Ley en cuestión. Más que legislar, hacen política con el BOE para mayor confusión y una complicada retroactividad. La única solución a todo este disparate es que se larguen de donde nunca deberían haber estado y que el que llegue revoque toda esta basura. Difícil lo fío.
ResponderEliminarPS. Hacia tiempo que no te leía aquí. Mucho vaivén en twitter (el mío). Un abrazo, St James Infirmary.